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El convenio de colaboración remitido a Euskadi por el Ministerio de Educación para financiar la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) se ha revelado como toda una caja de sorpresas. Y no buenas, precisamente. Además de obligar al Gobierno vasco a ensalzar la reforma educativa si quiere recibir los 48,8 millones de euros, la propuesta no incluye a los centros concertados. Por lo tanto, y si finalmente prospera el convenio en los términos actuales, el Ejecutivo de Iñigo Urkullu debería asumir a cargo de las arcas vascas el 100% del sobrecoste que supone la implantación de la Formación Profesional Básica y los nuevos itinerarios de 3º y 4º de la ESO en los centros de iniciativa social.